El liberalismo es una doctrina que busca limitar la intervención del Estado en la vida económica, social y cultural
Queremos una sociedad de propietarios y no de proletarios
Con monopolios no hay libertad
Lo inherente al hombre es ser libre
Sepamos ser libres no siervos menguados

ALGUNAS PROPUESTAS PROGRAMATICAS ESENCIALES

 

1- Política económica

Con el objetivo de propiciar mayor generación de empleo y oportunidades

de emprendimiento, mejor nivel distributivo del ingreso y mayor progreso

social, se promoverá:

 

a- Mejorar la competitividad. Desde el Estado deben impulsarse políticas

públicas que mejoren la competitividad del sector productivo del país. Para

ello, deberá dotarse al país de infraestructura adecuada, con servicios

eficientes y competitivos en el plano mundial en: carreteras; producción,

transmisión y comercialización energética; telefonía y conectividad de banda

ancha a Internet; puertos, ferrocarriles y aeropuertos; y servicios financieros

y aduaneros, entre otros. Para ello, la participación del sector privado es

fundamental. También deberá impulsarse la flexibilización laboral

respetando los derechos de los trabajadores, así como la capacitación

profesional y ocupacional para mejorar la productividad del recurso humano.

También deberán eliminarse trabas y regulaciones innecesarias que

promueven la corrupción y aumentan los costos de iniciar algún

emprendimiento.

 

b- Comercio libre. Creemos en la libertad de las personas para intercambiar

bienes y servicios dentro y fuera del territorio nacional, sin otra intervención

que no sea la de velar por el respeto de los contratos y evitar el abuso de

uno contra otro. Por ello, es necesaria la vigencia de un estado de derecho

eficaz, para garantizar la seguridad jurídica necesaria para hacer posible el

comercio libre.

 

c- Libre competencia. Los monopolios, públicos o privados, conllevan la

violación de varios derechos. Entre otros, el derecho de los consumidores y

usuarios de decidir a quién le compran un determinado bien o servicio, y,

por otro lado, el derecho de quienes quieren ofrecer dichos bienes y

servicios a la sociedad. Además, el monopolio tiende a afectar siempre a los

consumidores mediante productos más caros y servicios más deficientes, lo

que empobrece a todos. El Estado debe garantizar la libre competencia en

igualdad de condiciones para todos los actores del mercado.

 

d- Sociedad de propietarios. El derecho a la propiedad es uno de los

derechos humanos fundamentales. Defendemos y promovemos el acceso a

la propiedad privada y el pleno ejercicio de sus derechos. Protegemos la

propiedad privada ante cualquier limitación, restricción, prohibición o abuso

del poder público o privado, salvo limitaciones impuestas en aras del interés

público debidamente comprobado. La propiedad y los derechos de

propiedad son el motor del desarrollo económico, social y cultural. Es

innegable que las sociedades con mayor nivel de respeto hacia la propiedad

privada viven mejor y con mayor bienestar. Aspiramos, por lo tanto, a hacer

de Costa Rica una sociedad de propietarios.

 

e- Sociedad de emprendedores. Creemos en la libre empresa, micro,

pequeña, mediana y grande. Las políticas públicas deben promover las

condiciones para que puedan nacer miles de empresas de todo tipo y

tamaño. El Estado debe facilitar los emprendimientos de las personas. Eso

promoverá la creatividad y la innovación, creará riqueza y generará puestos

de trabajo. Por eso, también promovemos hacer de nuestro país una

sociedad de emprendedores.

 

2- Política fiscal y monetaria.

Con el fin de potenciar una mayor prosperidad, fomentar el ahorro, la

capitalización de las empresas y preservar un mayor poder adquisitivo de los

salarios y ahorros a través de la estabilidad monetaria, proponemos:

 

a. Impuestos. Establecer un sistema tributario basado en impuestos que no

limiten el comercio, que sean fáciles de cobrar y pagar, y no socaven el

ahorro personal ni la capitalización de las empresas. A nivel de impuestos

sobre la renta impulsaremos una tasa razonablemente baja, única y

uniforme, eliminado todas las exenciones, exoneraciones y tratamientos

privilegiados de determinados ingresos o contribuyentes, con el objeto de

ampliar la base imponible de manera no discriminatoria. También

promoveremos la transformación del impuesto de ventas en un impuesto al

valor agregado (IVA) exonerando únicamente la educación y salud.

Quedarían incluidos todos los demás bienes y servicios. Propiciaremos la

eliminación del impuesto selectivo de consumo, así como los impuestos al

traspaso de bienes y otros impuestos menores.

 

b. Gasto público. Debe haber límites al gasto estatal, tanto del gobierno

central como de las entidades autónomas y semiautónomas, incluyendo

gobiernos locales. Los gastos ordinarios del gobierno central deberán

sufragarse con ingresos corrientes, jamás con endeudamiento.

 

c. Endeudamiento público. Sólo será aceptable para inversiones de capital,

las cuales deberían aumentar la productividad del país. Ese aumento debería

incrementar la recaudación fiscal para poder hacer frente al pago de la

deuda contraída para realizar dichas inversiones. Las limitaciones al

endeudamiento público se extenderán a las entidades descentralizadas y al 10

Banco Central, con excepción del endeudamiento ante el Fondo Monetario

Internacional.

 

d. Inflación. Promoveremos una mayor estabilidad del poder adquisitivo de la

moneda controlando la inflación para que no supere el 3% anual. Para ello,

deberán promoverse reformas a la Ley Orgánica del Banco Central, para

lograr que controlar la inflación sea su objetivo esencial. Deberá respetarse

el derecho de las personas de escoger la moneda en la cual quieran hacer

sus transacciones.

 

e. Tipo de cambio. El tipo de cambio deberá ser de equilibrio en todo

momento y ser neutro desde el punto de vista de la formación de precios de

los bienes y servicios. No se deberá utilizar la fijación del tipo de cambio

para introducir distorsiones económicas.

 

3- Política social. Se basa en el principio de ayuda para la autoayuda.

Creemos que cada individuo, en pleno uso de sus capacidades mentales y

físicas, debe asumir la responsabilidad de buscar y aprovechar las

oportunidades para convertirse en una persona competente, productiva y

autosuficiente.

 

a. Asistencialismo social: El Estado, siguiendo el principio de la acción

subsidiaria, debe crear las condiciones para auxiliar a aquellos que por su

situación de miseria o por incapacidad física o mental, no pueden valerse

por sí mismos. La inversión orientada al auxilio de los sectores vulnerables

debe ser directa, eficiente, temporal y transparente, es decir, debe ser

dirigida estrictamente a las personas identificadas en situación social

marginal; debe lograr el impacto esperado en un plazo determinado y debe

rendirse cuentas de la calidad y buen manejo de los recursos. El objetivo de

la ayuda social debe ser la promoción de la auto ayuda (salvo casos de

incapacidad total) y la dignidad de la persona en todas las circunstancias.

Bajo ningún motivo se utilizará el asistencialismo para fomentar el

clientelismo político ni sectorial (Estado clientelista), ya que este tipo de

esquemas socavan al necesitado y fomentan la concentración del poder

destruyendo la médula democrática.

 

b. Educación y salud pública. La desigualdad social aumenta por la falta de

acceso a las oportunidades necesarias para que las personas se superen y

se conviertan en personas productivas y competentes. De ahí que creemos,

en estricta aplicación del principio de la acción subsidiaria del Estado, en la

educación y la salud pública como una forma de disminuir esa desigualdad

social.

 

i. Educación: Consideramos que hay que promover la libertad

educativa; el empoderamiento de padres de familia, docentes y

organizaciones administrativas regionales, para que puedan instituir,

organizar y administrar competitiva e independientemente escuelas y

colegios; y la libertad de elección de los padres de familia de los

centros de educación que prefieren para sus hijos. Ningún joven

debería estar fuera del sistema educativo.

 

ii. Salud: Se deben crear condiciones más favorables para ofrecer los

servicios de atención médica primaria y hospitalaria con la calidad y

oportunidad requeridas. A nadie debe negársele el acceso a los

servicios de salud básica por motivos financieros y cada contribuyente

del seguro social debe tener la libertad de elegir la atención médica y

hospitalaria de su preferencia. Se respetarán los derechos y la dignidad

de los asegurados promoviendo una mejor administración y

reorganización del sistema de salud pública.

 

c. Vivienda. La vivienda propia fortalece a la familia pues da seguridad a sus

miembros. Por eso, debe fortalecerse la oferta de opciones de vivienda para

familias con diferentes niveles de ingresos, incluyendo la clase media,

considerando desde clase media baja hasta media alta. Con la eliminación

de trabas para la construcción, la reducción de impuestos a los insumos del

proceso constructivo, al traspaso de propiedades, así como la facilitación de

instrumentos financieros para el financiamiento a largo plazo, habrá un

mayor dinamismo en el sector de la construcción de vivienda favoreciendo a

todos los estratos sociales por efecto de la oferta y de la generación del

empleo en todos los sectores, particularmente los de menor ingreso. De esa

forma un mayor número de personas podrán acceder a una vivienda digna.

Por otro lado, el programa de vivienda de interés social impulsado a través

del Sistema Financiero Nacional de Vivienda y el BANHVI deber ser revisado

para que los recursos sean utilizados de manera eficiente y beneficien el

mayor número de familias en el país. Velaremos por una utilización

despolitizada, objetiva, focalizada y transparente de los fondos asignados a

los subsidios de vivienda.

 

4- Política ambiental. Para lograr el nivel de bienestar humano que

anhelamos, deberemos utilizar y aprovechar en forma sostenible los

recursos naturales de nuestro país. Competitividad, productividad y

protección del ambiente no son excluyentes. La protección del ambiente

debe hacerse desde el ámbito público y privado. No se debe partir de que la

única forma de protección es si la propiedad es pública. Por el contrario, la 13

protección del ambiente será más efectiva si se involucra la iniciativa

privada, si se estimula la protección de la propiedad privada, si se incluyen

mecanismos de mercado para la protección del recurso natural, tales como

el pago por servicios ambientales, así como los cánones por vertidos o para

reconocer la protección del recurso hídrico en las zonas que captan y

almacenan en acuíferos el recurso.

 

5- Política internacional. Mantendremos la tradición costarricense de no

intromisión en los asuntos de otros países, al tiempo que abogaremos por

un mayor comercio regional e internacional, mediante la disminución de

barreras arancelarias y no arancelarias para bienes y servicios, y la

suscripción de tratados internacionales para garantizar el acceso de los

productos de nuestros empresarios a otros mercados. También

racionalizaremos los requisitos para atraer hacia nuestro país migrantes con

un perfil que nos beneficie. Creemos que el desarrollo del comercio y el

intercambio cultural es la mejor forma de fomentar la paz y el progreso

entre los pueblos. Velaremos inquebrantablemente por mantener la

soberanía sobre el territorio, aguas y cielo costarricenses.

 

6- Política en seguridad ciudadana. Consideramos que las personas deben

ser responsables de sus actos. Si alguna persona viola los derechos de otra

persona, deberá ser sancionada y la víctima resarcida. Para cumplir con ese

objetivo, debemos abordar la situación en forma integral desde la

prevención del delito; revisar la normativa penal, penal juvenil y procesal

penal; promover una mayor profesionalización de la policía; mejorar el

sistema judicial y penitenciario; coordinar de una mejor manera los

diferentes cuerpos policiales nacionales y locales; y utilizar tecnología para

liberar cupos carcelarios (mediante brazaletes y grilletes electrónicos), 14

realizar reconocimientos digitales de voz y rostros, y vigilar mediante

cámaras.

También consideramos necesario promover conductas tendientes a disminuir

la violencia a través de programas del sistema educativo; mejorar el entorno

urbano de barriadas en donde hay altos índices de criminalidad; coordinar

acciones entre diferentes entidades públicas y organizaciones privadas para

intervenir las comunidades más vulnerables, con el objetivo de aumentarle las

oportunidades de un futuro mejor a las personas que viven en esas barriadas.

 

7- Política de lucha contra la corrupción y el abuso del poder. Así como

promovemos la política de cero tolerancia con quien viola derechos a otra

persona, de igual manera promovemos la política de cero tolerancia a la

corrupción y a otras formas de abuso en el ejercicio del poder. Esa política

estará acompañada de acciones concretas y orientadas a erradicar la

corrupción, el abuso y la desviación de poder. Específicamente, proponemos

que las entidades, públicas y privadas desarrollen e implementen sistemas

de gestión íntegra. La gestión íntegra permite determinar y actuar sobre los

focos de posibles actos corruptos, por ejemplo: falta de transparencia en el

manejo de fondos públicos y ejecución de contratos sin la adecuada

supervisión; carteles de licitación hechos a la medida de potenciales

oferentes y que no estimulan la competencia; contrataciones de bienes y

servicios innecesarios; un Estado metido en áreas que no le corresponden y

tramitología innecesaria para la obtención de autorizaciones y aprobaciones

gubernamentales. No en vano, desde la campaña electoral de 1998

popularizamos la frase “Donde hay permiso, hay chorizo”, e impulsamos la

Ley de Protección del Ciudadano Frente al Exceso de Trámites.

Consideramos indispensable estimular la participación ciudadana en la 15

denuncia de actos gubernamentales indebidos. También exigimos que

quienes detentan el poder político actúen congruentemente con una cultura

de responsabilidad y con los deberes de rendición de cuentas de cada uno

de sus actos.